Educación para la convivencia

Quien lo ha tenido todo difícilmente se aviene a la disminución de sus privilegios. Como le pasa a la iglesia católica en España, que fue, desde la toma de Granada, el bastión del Vaticano en Europa y el principal promotor de esa religión por la vía de las conquistas en América: a sangre y fuego sumó millones de adeptos nuevos a su causa. Su permanencia ha sido larga. Larga y continua. El estado, al margen de la ideología de quien gobierne, subsidia hoy día con una muy considerable cantidad a esa institución por la vía del presupuesto hacendario y hasta hace nada esa iglesia tenía la facultad de impartir la educación religiosa, por cuenta del estado, en la educación pública. En esta legislatura, los españoles han decidido mayoritariamente -cosas de la democracia- cambiar la obligatoriedad de esa asignatura y sustituirla por una más acorde con los tiempos y de mucha mayor urgencia real: la educación para la ciudadanía, basada en la interpretación de las obligaciones y derechos que tienen todos los ciudadanos para convivir de manera pacífica y constructiva, a partir de la Constitución que los rige.

Pues se ha abierto -como dicen por acá- la caja de los truenos: la jerarquía religiosa, junto con algunas asociaciones de padres de familia y por supuesto la oposición política representada por el partido de la derecha, el PP, -no perder de vista que el año próximo hay elecciones generales- han anunciado que se opondrán con todas sus fuerzas, incluyendo la movilización callejera y la apelación a la objeción de conciencia, a la puesta en marcha del cumplimiento de lo que las leyes actuales de España han sancionado en materia de educación. Quieren convencer a los españoles de que la Educación para la Ciudadanía es un atentado contra sus libertades (¡!). Ayer el presidente Zapatero habló fuerte en relación con el tema: "ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan".

Curiosa situación desde la óptica de los mexicanos que tenemos un estado separado de la iglesia desde hace prácticamente un siglo y medio, gracias a las llamadas Leyes de Reforma plasmadas en la Constitución de 1857. Desde esa lejana fecha el estado se hace cargo de los asuntos terrenales y la iglesia -las iglesias- de los asuntos espirituales de su credo. Esto no quiere decir que la iglesia católica no busque por todos los medios posibles aumentar su influencia política, sobre todo desde el sexenio de Salinas de Gortari que le devolvió muchos fueros a esta confesión al haber establecido en 1992 relaciones diplomáticas con el Vaticano y haber hecho modificaciones a las leyes de culto, pero conviene que los mexicanos vean las enormes ventajas de mantener la anterior correlación de fuerzas entre la iglesia y el estado, al margen de la ideología que se profese. O lo que es peor: cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar.